La Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) ha remitido sus alegaciones al MAGRAMA
La Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) ha remitido sus alegaciones al MAGRAMA con ocasión del trámite de información pública al que ha sido sometido el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
La Unión de los Cazadores (UNAC) ha dejado claro en sus alegaciones que está a favor de una norma básica sólida y unificadora para la caza, que dé igualdad a todos los cazadores del Estado, pero no comparte que se quiera elaborar una “Estrategia Nacional de Gestión Cinegética”, ya que ésta no será norma básica de ley para las CCAA, lo que conllevará a marear todavía más la perdiz, pues las estrategias tienen un carácter orientativo y no legislativo de obligado cumplimiento. Ni se está de acuerdo tampoco en que sea la Conferencia Sectorial de Agricultura y Alimentación la que la elabore, ya que ni la agricultura ni la alimentación tienen nada que ver con el aprovechamiento cinegético.
Por otra parte, la UNAC comparte que se legisle a nivel Estatal para que las licencias de caza tengan validez en varias comunidades autónomas, o que haya un Organismo Estatal que lo coordine, o que se asegure el buen estado sanitario de las especies cinegéticas provenientes de explotaciones productoras, para preservar nuestras especies silvestres. Pero no se está de acuerdo en que se legislen a través de la Ley de Montes o ésta modifique incluso la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza.
Se considera, y así se ha manifestado en las respectivas alegaciones presentadas, que estas cuestiones relacionadas con la protección de las especies de caza y su regulación estatal básica, deberían legislarse a través de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad como normativa básica que es, e incluirse en su articulado junto con otras cuestiones importantes, para posteriormente reglamentarse y desarrollarse a través de un Real Decreto.
Para finalizar, la idea principal que extraen los cazadores de la UNAC, es que los legisladores, y por ende las administraciones, siguen imponiendo normas para ellos cumplir sus objetivos, los cuales son totalmente diferentes y alejados de los administrados. Como prueba, los cazadores tienen que contemplar 16 leyes de caza dispares con sus correspondientes reglamentos, otras tantas de protección y sanidad animal, igual número de leyes para asociarse y cientos de decretos, órdenes y resoluciones. Por no citar el número de tasas dispares que pueden sobrepasar el millar dentro de la geografía española. En este sentido ha declarado el presidente de la UNAC y representante de la caza social española, Manuel Alonso, lo siguiente: “Para hablar de duplicidades administrativas, que nos pregunten a los cazadores, que se las explicamos.”
